El martes 15 de diciembre se llevó a cabo el Conversatorio por la Ley de Fármacos 2, actividad organizada por nuestra fundación y que tuvo como invitados a Andrea Martones, abogada que ha hecho seguimiento tanto a la Ley de Fármacos 1 como a la Ley de Fármacos 2; Mauricio Acevedo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (Fenatrafar) y Tomás Lagomarsino, presidente de Fundación Equidad. La instancia fue moderada por Dante Donoso, director del departamento de políticas farmacéuticas de nuestra ONG.
La jornada contempló presentaciones de cada uno de los exponentes, para luego pasar a una ronda de preguntas moderada por Dante Donoso. La primera exposición estuvo a cargo de la abogada Andrea Martones, quien hizo una contextualización del tema, señalando que el proyecto Ley de Fármacos 2 fue una moción parlamentaria nacida desde el Senado. Además, declaró que “uno de los grandes obstáculos que tenía el Estado para poder garantizar el acceso universal a la salud tiene que ver con la falta de disponibilidad de información, por ejemplo, sobre precios de medicamentos, cuales son las disponibilidades que existen respecto de ellos, y por lo tanto la construcción de cualquier política publica necesitaba de una mejora en la regulación”.
En su presentación, Martones explicó cómo ha sido el proceso de la tramitación de la ley, que comenzó en el año 2015 y aún no se promulga. Mencionó sus objetivos y los ámbitos abordados en el inicio de la iniciativa, que corresponden a farmacias, elementos de uso médico, órganos y tejidos, proceso contencioso sanitario y sanciones, facultades CENABAST, y laboratorios y medicamentos, siendo este último el área revisada por la presentación de Andrea y el motivo que convoca el conversatorio.
Luego, tocó el turno de Mauricio Acevedo, presidente de Fenatrafar, quien comenzó realizando una dura crítica a ambas leyes, tanto la Ley de Fármacos 1 como su segunda versión. “Muchas veces se protege a los nichos, se protege el negocio, y no se legisla en función de los derechos de los ciudadanos”, expresó.
Por otra parte, mencionó un tema que se aborda en la Ley de Fármacos 2, y que ha generado controversia en el sector, que tiene que ver con la inclusión de la Denominación Común Internacional (DCI) por los médicos en sus recetas, es decir, indicar los nombres genéricos de los medicamentos. Para Acevedo, esto no es una solución ni una mejora, pues indicó que muchas veces los medicamentos genéricos no tienen los mismos efectos que otros más desarrollados. Ante esto, declaró que “la verdadera solución habría sido discutir esto mucho antes, y haber gastado más tiempo en una regulación real y efectiva, donde el ciudadano tenga garantías de que puede acceder a cualquier medicamento, sin ningún efecto secundario”.
Seguidamente, Tomás Lagomarsino hizo hincapié en la manera en que los medicamentos son considerados como un bien de mercado, y señaló que esta ley viene a quitarle, relativamente, estas atribuciones al mercado, y esto para que los medicamentos sean considerados, indica Tomás, “como siempre debieron considerarse, como un bien social, parte de la consagración de derecho a la salud”.
Por el mismo tema que mencionaba anteriormente Mauricio, en relación con la prescripción obligatoria por DCI, Tomás indicó que, efectivamente, si corresponde a un avance, sobre todo “en tratar de arrebatarle el medicamento al mercado, y ponerlo del derecho a la salud y del bien social, aunque claramente es insuficiente”.
Medicamentos y Nueva Constitución
Luego de una ronda de preguntas, el conversatorio finalizó consultando a cada panelista sobre sus consideraciones a la hora de vincular el tema de los medicamentos en la Nueva Constitución, que comenzará su proceso de elaboración el próximo año.
Ante esto, para Andrea Martones la preparación de una Nueva Constitución corresponde a un “desafío maravilloso, y no solamente en temas de salud, sino que también en todos los derechos que tenemos como ciudadanos. Yo espero que la salud sea un derecho humano universal, sin discriminación. Hay que establecer la salud como un derecho humano y universal, y desde ahí, las bajadas hacia una cobertura para todos y todas, sin discriminación, y que haga que este sistema de salud responda a un modelo de seguridad social y no mercantil como el que hoy en día tenemos”.
Mauricio Acevedo, por su parte, se sumó a las palabras de la panelista, y agregó que “el medicamento es un bien esencial para la vida de las personas, y debe estar absolutamente consagrado en la constitución, como un derecho para todos los ciudadanos”.
Finalmente, Tomás Lagomarsino señaló que es importante poner atención en no judicializar la salud, indicando que “si nosotros garantizamos solo el derecho a la salud, sin generar lineamientos que permitan re-configurar nuestro sistema de salud, hacia un sistema de salud que garantice la salud como un derecho, vamos a transformar la salud en una salud judicializada”.
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