En el ámbito del proceso constituyente que debe mantenerse luego de haber ganado la opción Apruebo y Convención Constitucional este 25 de octubre, se está llevando a cabo un ciclo de conversaciones titulado “Hacia el derecho a la salud”, organizado por Fundación Equidad y el medio de comunicación Capsular, y con la moderación de Camila Gallardo, médica y directora del departamento de APS de nuestra ONG.
El 10 de octubre se realizó el primer conversatorio, denominado “Rescatando la memoria: ¿En Chile se garantiza el derecho a la salud?”, y tuvo como invitados a Juan Carlos Concha, ex Ministro de Salud del gobierno de Salvador Allende y José Manuel Manríquez, salubrista, docente y miembro del departamento de DD.HH. de Colmed Valdivia.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) fue el tema que inició el diálogo. El SNS fue el organismo estatal y autoridad central de prestaciones y acciones de salud pública, durante los años 1952 y 1979, que fusionó varios otros organismos dedicados a la Salud Pública en una sola institución. Sin embargo, Juan Carlos Concha señaló que esta institución se gestó mucho antes, tomando en cuenta el contexto político y social de la época, y que el punto de partida fue la creación de la Caja del Seguro Obrero. Posteriormente, relató Juan Carlos, Salvador Allende logró realizar parcialmente uno de sus principales proyectos: la unificación de las estructuras asistenciales, que llegaría a ser realidad en 1952 con la Ley del Servicio Nacional de Salud. “El SNS fue el producto del Estado de Bienestar, al cual se había adscrito Chile después de la Segunda Guerra Mundial”, mencionó el ex ministro de salud.
En relación con las diferencias o similitudes entre el SNS y la red de servicios de salud que existe actualmente, José Manuel Manríquez apuntó que “es algo completamente distinto, porque en la génesis hay una idea de Estado de Bienestar, y por otro lado, la idea de que realmente hay un sistema de seguridad social, que está a cargo de todos los estados de necesidad. Ese es el quiebre más importante que ocurre después de la dictadura”.
Además, hizo hincapié en la figura de Salvador Allende, señalando que “el presidente Allende fue el salubrista más destacado del siglo XX, porque la realidad médico social chilena no solo permitió conocer una situación muy compleja, de mortalidad, de mortalidad infantil, de problemas de desnutrición, sino que además permitió, por primera vez en Chile, plantear la existencia de esta relación de desigualdades en salud con condiciones de pobreza. De hecho, la conclusión que aparece en “La realidad médico-social chilena” es que para poder enfrentar los problemas derivados de la pobreza y la tremenda desigualdad estructural, no solamente las intervenciones de salud tenían que ver con lo que podría ser el servicio nacional de salud, sino que además tenía que integrar a todas las partes involucradas en la red del Estado, que implicaba mejorar la vivienda, mejorar la alimentación, la posibilidad de tener fondos para una emergencia, política de arrendamiento, etcétera”.
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Una semana después, el 17 de octubre, se realizó la segunda charla del ciclo de conversaciones, que intentó responder la pregunta “¿Cómo la constitución de Pinochet precariza al sistema de salud y sus trabajadores?”, y que contó con la participación de Patricia Gallardo, presidenta del Sindicatos de Trabajadores externalizados del Hospital Base de Valdivia; Aurora Delgado, presidenta FENPRUSS del Hospital Base de Valdivia y vocera del movimiento NO+AFP y Tomás Lagomarsino, presidente CONFUSAM Viña del Mar y presidente de nuestra fundación.
Al consultar a Aurora Delgado sobre las causas del desfinanciamiento del Hospital Base de Valdivia, ella señaló que la problemática obedece a un tema estructural y de políticas públicas que tienen que ver con el modelo instaurado en la actual constitución. “Responde al modelo económico, neoliberal, que se traduce en la precariedad y en que los recursos no sean suficientes para dar una atención de calidad”, indicó.
Por otro lado, Patricia Gallardo se refirió a su labor como trabajadora externalizada del Hospital Base de Valdivia, y expresó que son tratados como trabajadores de segunda categoría. “No tenemos los mismos derechos ni las mismas condiciones laborales que un funcionario público, siendo que realizamos el mismo trabajo. No tenemos derecho a hacer cursos, nuestra precariedad salarial, y la brecha tan enorme que tenemos con nuestros colegas se ve, y por ende estamos en esta situación hoy en día, llevamos más de 13 días de huelga, porque estamos pidiendo mejoras laborales”, aseveró.
Patricia además vinculó la problemática de la externalización con la constitución de 1980, al indicar que la estructura que se define de esta ley fundamental privatiza el sistema de salud. “No es posible que en los servicios públicos exista esta externalización de personas”, señaló la presidenta del sindicato.
Sobre la capacidad de negociación actual que existe en los gremios para exigir mejores condiciones de empleo, a nivel de salud, Tomás Lagomarsino abordó la importancia de la asociatividad y la sindicalización. “No hemos tomado un camino por donde ejercer derechos laborales, y eso claramente se fundamenta en la constitución política que tenemos en la actualidad, y toda la normativa laboral subsecuente que responde a dicha constitución, y que por lo cual es tan importante partir cambiando la constitución, para que finalmente le entreguemos a los sindicatos y a las asociaciones gremiales un mayor poder, que es el que deben tener para representar adecuadamente a los trabajadores en esta relación asimétrica, que es justamente el contrato de trabajo”, expresó.
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